Por: José Rojas Espinoza
La solicitud de facultades legislativas que exige Keiko Fujimori, ¿es realmente parte del juego democrático previsto en el artículo 104 de la Constitución o busca utilizar este mecanismo excepcional para concentrar el poder en el Ejecutivo? Más que un procedimiento jurídico, expresa una estrategia política orientada a subordinar al Congreso a los intereses del continuismo neoliberal, debilitando el equilibrio de poderes y el papel del Parlamento como espacio de deliberación y control democrático.
El actual gobierno no avizora un horizonte distinto al continuismo neoliberal ni un plan integral para transformar el país y resolver sus principales problemas. Por el contrario, la solicitud de facultades legislativas distrae la agenda política, mientras persisten sin respuesta efectiva urgencias como la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Se prioriza así la concentración del poder antes que la atención de las necesidades del país y del pueblo peruano.
Antes de que asumiera el mando el actual gobierno, el Congreso bajo control fujimorista, ya había construido un andamiaje jurídico que favorece la continuidad de un régimen caracterizado —desde esta perspectiva crítica— por la impunidad, el avance de la criminalidad y el alejamiento del Estado respecto de las principales demandas del país y del pueblo peruano. En ese contexto, la profundización del modelo neoliberal requiere un mayor nivel de concentración del poder político, capaz de debilitar los contrapesos institucionales y subordinar el equilibrio de poderes a los intereses del régimen.
Desde esta lógica, la delegación de facultades legislativas dejaría de ser únicamente un mecanismo excepcional de colaboración entre poderes para convertirse en un instrumento destinado a ampliar el margen de maniobra del Ejecutivo, reducir los obstáculos que imponen el debate y la negociación parlamentaria, y acelerar la aprobación de medidas orientadas a garantizar la continuidad de las políticas neoliberales.
En consecuencia, el problema no radica solamente en la existencia constitucional de la delegación de facultades, sino en el uso político que puede hacerse de ella: concentrar mayor poder en el Ejecutivo, debilitar la deliberación parlamentaria y facilitar la adopción de medidas que afectan los derechos laborales, sociales, económicos y medioambientales.